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• Este es uno de los principales resultados que se ha puesto de relieve durante la presentación de la Investigación ‘La trata de mujeres y niñas con discapacidad con fines de explotación sexual en España’ desarrollada por el Observatorio Estatal de la Discapacidad.
• El informe analiza la necesidad de visibilizar y denunciar la situación de las mujeres y niñas con discapacidad explotadas sexualmente o víctimas de trata con fines de explotación sexual
• Enlace al informe completo:
https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/wp-content/uploads/La-trata-de-mujeres-y-ninas-con-discapacidad-con-fines-de-explotacion-sexual-en-Espana.pdf

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha revelado que la explotación sexual de mujeres y niñas con discapacidad está “extendida y dispersa”, pero tiene una dimensión invisible que obstaculiza la cuantificación, la denuncia y su correspondiente atención y eliminación.

Este es uno de los principales resultados que se ha puesto de relieve durante la presentación de la Investigación titulada ‘La trata de mujeres y niñas con discapacidad con fines de explotación sexual en España’ que ha tenido lugar este jueves en el Salón de actos del Ministerio de Igualdad.

El objetivo de la investigación, organizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, es conocer y analizar, desde el enfoque feminista integrado de género y basado en los derechos humanos, la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad en situación de explotación sexual, en el sistema prostitucional y/o en la pornografía y el impacto en su vida social y en su salud física, mental, sexual y reproductiva que genera.

El acto de apertura ha sido presidido por el director general de derechos de las personas con discapacidad, Jesús Martín Blanco y por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell Aguilar.
En su intervención Jesús Martín ha recordado que esta jornada “se debe concebir como una jornada de denuncia”. Asimismo, Martín ha defendido la postura de que un Gobierno responsable debe conocer los datos “porque solo de esta manera sabremos qué hay que hacer” ha añadido. “Tener por seguro que vamos a considerar las recomendaciones de este informe que son asumibles e imprescindibles para una labor que consideramos de Estado” ha concluido.

Por su parte, Victoria Rosell ha puesto de manifiesto que, efectivamente, profundizar en la magnitud de características de la violencia contra las mujeres con discapacidad ayuda a impulsar políticas públicas basadas en la realidad. “Queremos basar nuestras políticas públicas en el conocimiento” ha expresado. También, ha querido aprovechar su intervención para pedir la modificación del término disminuido del artículo 49 de la Constitución.

A continuación, el coordinador del Observatorio Estatal de la Discapacidad, Luis Alonso ha dado paso a la investigadora Beatriz Sagrado quien se ha encargado de analizar y describir los principales hallazgos del informe.

“Partimos de la necesidad de visibilizar la situación de las mujeres con discapacidad que son explotadas sexualmente” ha indicado al mismo tiempo que remarcaba que “ni España ni la Unión Europea, ni Naciones Unidas disponen de datos que permitan una posible evaluación comparada de la eficacia de políticas adoptadas en materia de trata con fines de explotaciones sexual”.

Durante su intervención, en la que ha desgranado algunos de los puntos más importantes del informe, también ha enumerado y explicado brevemente algunos casos reales de mujeres víctimas de trata que recoge el informe. “Se trata de una serie de testimonios directos e indirectos de mujeres sometidas a explotación sexual, con actos no deseados denigrantes o violentos con explotación económica” ha apuntado. Y para terminar ha querido hacer una petición: “requerimos una labor de conciencia social, un compromiso del Gobierno de tomar medidas legislativas y políticas públicas teniendo como concepto base que la explotación sexual en todas sus formas es igual a la esclavitud sin concesiones de todo tipo”.

Seguidamente, la periodista con discapacidad Laura Sánchez ha moderado un diálogo con la fiscal Adscrita a la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, María de los Ángeles Sánchez; el capitán de la Guardia Civil, Vicente Calvo; la magistrada Luz Almeida Castro y la representante de la Asociación APRAMP, Ana Delgado quien ha puesto de relieve la necesidad de “la formación de los profesionales que trabajan con víctimas de trata en cuestión de discapacidad” al tiempo que lamentaba que precisamente esa falta de formación, les lleva a estar desbordados a la hora de realizar estas intervenciones sociales.

Durante su ponencia, María de los Ángeles Sánchez ha evidenciado que desde la Fiscalía son conscientes de la necesidad de contar con datos porque, en palabras de María Ángeles Sánchez, “cualquier abordaje realista exige un estudio de los datos para conocerlo en profundidad”. “Somos conscientes de la relevancia de la recogida de datos y desde hace mucho tiempo se abren diligencias de seguimiento en el territorio nacional y ha explicado que en este proceso la detección es el gran problema porque exige una especialización de todos los operadores y en particular en el ámbito de la justicia para detectar cuando una victima de trata es una persona con discapacidad” ha lamentado.
Por su parte, Vicente Calvo ha aclarado cuál es la actuación integral de la Guardia Civil en estos casos para luchar de forma eficaz contra la trata de seres humanos. Asimismo, la magistrada Almeida ha puesto el foco de su intervención en destacar que “el principal problema de la trata es la prueba”. “En muchas ocasiones las declaraciones de las víctimas se producen con omisiones y lagunas por los síndromes de estrés postraumático. Al ser muchas veces una de las principales pruebas, al final se refuerzan las defensas y se dificulta las condenas” ha apuntado y ha añadido que como medida para combatirlo “es necesario contar con personal especializado”.

A continuación, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero quien, coincidiendo con el resto de los ponentes en que falta conocimiento estadístico, se ha dispuesto a enumerar una batería de recomendaciones que han sido elaboradas desde la FCM. Entre ellas, la necesidad de intensificar las campañas de sensibilización pública y de conciencia, así como que todos los recursos y servicios sean accesibles e inclusivos.

El acto de clausura ha corrido a cargo de la directora General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, Miriam Benterrak Ayensa quien ha insistido en la necesidad de “visibilizar para promover la transformación social y promover la prevención”. Asimismo, ha afirmado que “el proceso de suministro de información a las mujeres es vital para luego descubrir signos, saber necesidades, abordar situaciones”.

PRINCIPALES RESULTADOS
El documento advierte que una de las razones por las que este tema aún sigue siendo un tabú social es por su realidad “compleja e imperceptible” que implica un estigma para las mujeres y niñas que están en esta situación y para sus familias.

Según el informe, “las mujeres y niñas con discapacidad presentan un mayor grado de vulnerabilidad ante la explotación sexual, especialmente las que tienen una discapacidad intelectual, pero esta explotación adopta a menudo formas menos evidentes, por ejemplo, en el ámbito del entorno familiar o por un pseudo- “novio”, y se acompaña de engaño, timo y/o fraude”.

En relación a los efectos de explotación sexual, la investigación subraya los posibles daños graves en la salud mental y en la capacidad cognitiva, que a menudo confluyen con, provocan o agudizan una discapacidad intelectual.

La carencia de datos cuantitativos para analizar el problema, la omisión de la discapacidad como factor de vulnerabilidad en las intervenciones policiales y judiciales, el enfoque represivo en vez del preventivo de las políticas y legislaciones, la falta de recursos especializados en entidades que atienden a víctimas de explotación sexual para mujeres y niñas con discapacidad, son otros puntos que denuncia el informe.

La necesidad de una estrategia de intervención interdisciplinaria y coordinada con impacto a largo plazo, estructuradas a nivel nacional e internacional, con objetivos precisos y plazos concretos es una de las grandes peticiones que se exponen en el informe.