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• El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha presentado su último estudio ‘Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas’.

• Este informe busca visibilizar a las personas con discapacidad solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional en España. Presenta un panorama general sobre su situación y define acciones concretas para mejorar su protección e inclusión dentro del marco de asilo y refugio.

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), organismo del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha presentado este miércoles su último estudio ‘Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas’.

El objetivo general de este estudio ha sido visibilizar a las personas con discapacidad solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional en España. En este sentido, ha presentado un panorama general sobre su situación y ha definido acciones concretas para mejorar su protección e inclusión dentro del marco de asilo y refugio.

La presentación del estudio, moderada por el coordinador del Observatorio Estatal de la Discapacidad, Luis Alonso, ha contado con la participación de la consultora experta redactora del estudio, Gloria Álvarez Ramírez, la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, la representante de ACNUR en España, Sophie Muller y el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco.

Durante la intervención de Álvarez a través de videoconferencia, ha destacadoque “vivimos tiempos muy malos en cuanto a la situación de las personas refugiadas en el mundo, pero especialmente para las personas con discapacidad desplazadas, dado que es un colectivo especialmente muy vulnerable y propenso a sufrir abusos y discriminación”.

Asimismo, Álvarez ha desgranado las principales conclusiones del informe, entre las que ha destacado que “el sistema de asilo español está muy comprometido con todas las personas refugiadas con discapacidad, pero presenta déficits en cuanto mecanismos y procesos de implementación que permitan garantizar los derechos y el acceso a servicios de apoyo para estas personas”.

Otros de los aspectos que ha destacado Álvarez es la “falta de datos desagregados que permitan analizar en profundidad las principales necesidades de las personas desplazadas con discapacidad”, así como la necesidad de un marco jurídico que sea capaz de garantizar los derechos de las personas pertenecientes a este colectivo tan vulnerable. Es decir, en este ámbito “la política internacional no es inclusiva”, concluyó.

Finalmente, Álvarez ha expuesto toda una serie de propuestas que permitan paliar todas las carencias a las que se enfrenta este colectivo especialmente vulnerable en diferentes los ámbitos: procedimientos de asilo, marco jurídico e investigación, entre otros.

Para Jesús Martín Blanco, este estudio tieneespecial importancia porque “la ciencia es necesaria para acertar en las políticas públicas”, y ha añadido que “este estudio era necesario y perentorio, porque este es un país de acogida y necesitamos un corpus jurídico potente en materia de discapacidad para las personas desplazadas que llegan a nuestro país”.

Además de los reglamentos y las herramientas de acogida, Martín también ha destacado la importancia de que “todos los fondos de cooperación del Gobierno deban tener un enfoque inclusivo para los refugiados”. Asimismo, insistió en que debe “abordarse el cambio en origen, fortalezcamos las democracias y los recursos educativos en los países de origen, porque esos espacios deben pensar en toda la diversidad humana”.

Por su parte, Sophie Muller, ha destacado sobre el estudio que “haya contado directamente con la voz de las personas refugiadas con discacidad”. Asimismo, ha señalado que en ACNUR ya existe un equipo específico que trabaja sobre la situación de las personas refugiadas con discapacidad y “siempre vamos a tener esta mirada de la discapacidad y de las necesidades específicas de las personas desplazadas que cuentan con dificultades en cuanto a accesibilidad o salud mental”.

Finalmente, Muller concluyó que “la formación de las ONGS y de todos los actores de los sistemas de acogida es fundamental. Todos deben sensibilizarse especialmente sobre la vulnerabilidad y las necesidades de personas con discapacidad refugiadas”.

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Descarga el estudio ‘Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas’

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED)

El Observatorio Estatal de la Discapacidad como un instrumento técnico de la Administración General del Estado que, a través del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad, creado al amparo del la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La gestión de este Observatorio está encomendada al CERMI, como expresión unitaria de la discapacidad en España.

El Observatorio Estatal sobre Discapacidad (OED) ha aprobado el programa de investigaciones y estudios sobre la realidad social de las personas con discapacidad en España para el año 2023, ejercicio en que prestará una particular atención a las cuestiones europeas, dado que coincide con la Presidencia Española del Consejo Europeo.

Así lo ha acordado la Comisión Técnica de seguimiento del Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Universidad de Extremadura para la gestión y funcionamiento del OED reunida el pasado día 17 de abril.

En la dimensión estatal, las investigaciones sociales aprobadas pasan por elaborar una nueva edición del Informe Olivenza, correspondiente al año 2023, sobre la situación general de las personas con discapacidad en España, que incluirá un resumen ejecutivo y un capítulo sobre comparación de políticas públicas de discapacidad respecto de los principales ítems en este ámbito, así como un reporte actualizado del seguimiento de las Observaciones del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas realizadas a España tras la última revisión de 2019.

Además, el OED también acometerá en 2023 la realización de los estudios “Las personas con discapacidad en el Ingreso Mínimo Vital y demás rentas mínimas de inclusión”, “Equidad y derecho a la salud y a la asistencia sanitaria de las personas con discapacidad. Situación España 2023”, “El acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad” y “Tarjeta Europea de Discapacidad”.

En cuanto al programa correspondiente a la dimensión extremeña, los estudios en cartera son el “Informe Olivenza 2022” (bloque referido a la Comunidad Autónoma de Extremadura) y “Sistemas de apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Entidades y modelos de apoyo”.

El OED es un instrumento técnico que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y Real Patronato sobre Discapacidad), y la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAD, ponen al servicio de la ciudadanía, las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad.