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Distribución territorial de las personas que han estado privadas de su derecho al voto en España

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El artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones, lo que incluye el derecho al voto. Sin embargo, el artículo 3 de la Ley 5/1985, de 19 de julio, del Régimen Electoral General, señala que los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme quedarán privados del derecho de sufragio, siempre que la sentencia declare expresamente la incapacidad para su ejercicio.

De acuerdo con la información facilitada al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) por la Junta Electoral Central, el número de personas que, en las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016, han estado privadas de su derecho al voto mediante sentencia judicial ha ascendido a 98.488. De éstas el 53% son mujeres y un 47% varones.

Al considerar la edad, se observa que el 60,9% de las personas que han estado privadas de su derecho al voto mediante sentencia judicial son menores de 65 años (60.003 personas).

La distribución territorial de esta población en términos de tasas por mil habitantes, muestra que las tasas más altas de personas privadas de su derecho al voto por motivo de discapacidad se encuentran en Castilla y León (4,60), Navarra (4,28) y La Rioja (4,17).

El 7 de noviembre de 2017 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea de Madrid que busca modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y garantizar así el derecho a voto a todas las personas con discapacidad. La proposición defiende la supresión de los apartados ‘b’ y ‘c’ de esta Ley Orgánica que establecen que carecen de derecho de sufragio: “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio” y “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio“, respectivamente.

El 22 de febrero de 2018 el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclamó en el Congreso de los Diputados que se otorgue sin dilación este derecho de sufragio, activo y pasivo a las personas que no lo tienen reconocido por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo. En este sentido, la propuesta del CERMI es la de que se debata y apruebe esta reforma de la LOREG de manera «separada» del resto de cuestiones que se están abordando para modificar el régimen electoral.

Agilizar esta reforma permitiría cumplir por un lado con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por otro, avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho.

Ahora es el momento. También para las mujeres con discapacidad

Naciones Unidas celebra el Día Internacional de la Mujer bajo el lema “Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres”. También es el momento de las mujeres con discapacidad. Este informe tiene como propósito, a partir de los estudios elaborados por el OED, presentar con brevedad algunas de las cuestiones que afectan la vida de las mujeres con discapacidad con el ánimo de concienciar sobre sus derechos humanos y las reiteradas situaciones de discriminación a las que se ven sometidas. En España, de acuerdo con la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008), la población con discapacidad residente en hogares se situaba en 3,85 millones. Casi el 60% eran mujeres (2.30 millones de mujeres con discapacidad).

En el Informe Olivenza, que edita el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) de forma anual, se analiza siempre la situación de las mujeres con discapacidad. Se apuntan aquí algunos de los datos del último número de este informe que ilustra la situación de estas mujeres:

  • El 15,7% de las mujeres con discapacidad se encuentra en situación de pobreza extrema.
  • El riesgo de pobreza afecta al 32,7% de las mujeres con discapacidad, 5 puntos más que la población sin discapacidad.
  • El 2,7% de las mujeres con discapacidad es analfabeta mientras que el porcentaje de varones con discapacidad analfabeto es del 2,9% y el porcentaje de la población sin discapacidad es de 0,4%.
  • Un 19,3% de mujeres con discapacidad cuenta con estudios superiores mientras que este porcentaje es de 33,9% en la población sin discapacidad.
  • Al considerar la situación de las personas con discapacidad en relación al empleo, destaca siempre las bajas tasas de actividad de éstas y la distancia respecto a las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se agudiza en el caso de las mujeres con discapacidad que presentan en todas las variables con empleo las peores cifras (actividad, empleo, desempleo) no sólo respecto a los varones con discapacidad sino también respecto a las personas sin discapacidad en edad laboral. En 2016, la tasa de actividad de las mujeres se situaba en 35,2%, casi 43 puntos menos que las población sin discapacidad. La tasa de paro de las mujeres con discapacidad es de 29,3% casi 10 puntos superior a la de la población sin discapacidad.
  • El salario medio de las mujeres con discapacidad es casi 6.000 euros anuales inferior a la población sin discapacidad.
  • En las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016 el número de personas que han estado privadas de su derecho al voto mediante sentencia judicial ha ascendido a 98.488. De éstas el 53% son mujeres.
  • El 13,7% de las mujeres con discapacidad se ha sentido discriminada por su situación de discapacidad.
  • Solo un 7,5% de las mujeres con discapacidad puede disfrutar de actividades de ocio.

NOTA OED MUJERES Y DISCAPACIDAD

Informes elaborados en 2017 por el Observatorio Estatal de la Discapacidad

Uno de los objetivos del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es promover y sensibilizar sobre los derechos de las personas con discapacidad además de fomentar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal. Con el propósito de responder a este objetivo, el OED ha elaborado durante 2017, como parte de su programa de actividades, tres informes relacionados con estos aspectos.

El primero titulado: Las personas con discapacidad residentes en el Medio Rural: situación y propuestas de acción, tiene como objetivo contribuir al análisis de la realidad de las personas con discapacidad que residen en entornos rurales. Este análisis trata de detectar aquellos aspectos que facilitan y/o suponen una barrera para la inclusión social.

Por otra parte, se encuentra el informe: Personas con discapacidad y discriminación múltiple en España: situación y propuestas, donde se analizan los distintos factores que influyen para que las personas con discapacidad sufran situaciones de discriminación múltiple (el género, la edad, el hábitat, el origen étnico), y se ofrece una batería de propuestas que permitan orientar distintas actuaciones que garanticen los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Entre estas propuestas está la de incluir la discapacidad como factor de discriminación que debe ser afrontado en los planes y políticas públicas de lucha contra la discriminación, de la misma manera que deben incluirse de manera sistemática otras formas de discriminación que intersectan frecuentemente con la discapacidad en las políticas y planes de acción contra la discriminación por discapacidad.

Junto con estos dos informes, el OED ha publicado el Informe general sobre grado de accesibilidad de los entornos, productos y servicios a 4 de diciembre de 2017. Correspondencia entre los mandatos legales y la realidad práctica del país, elaborado por Ilunion Tecnología y Accesibilidad y en el que se realiza un diagnóstico valorativo sobre el estado de accesibilidad en los entornos, productos y servicios más significativos incluidos en el artículo 5 de la Ley General de Discapacidad en el que establece el 4 de diciembre de 2017 como plazo máximo para que los diferentes entornos, productos y servicios sean accesibles para todas las personas.

Programa de estudios e investigaciones del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) para el año 2018

El 29 de enero se ha celebrado la reunión de la Comisión de Seguimiento del Observatorio Estatal de la Discapacidad y en la misma se ha aprobado la programación de estudios para 2018. Dicha agenda contempla ocho estudios, seis de ellos de ámbito estatal y dos de ámbito extremeño.

El primero de los estudios de ámbito estatal es el denominado “Informe Olivenza 2018”, estudio general sobre situación de la población con discapacidad en España, realizado a partir de fuentes de información fundamentalmente legislativas y estadísticas. Como en años anteriores, dicho informe contará con una parte específica del estado de la inclusión social de la población con discapacidad en Extremadura.

El OED realizará este año un estudio sobre “La situación de la población reclusa con discapacidad en España” población con grandes necesidades de apoyo y alto riesgo de exclusión, pero sobre la que existen pocas referencias de investigación, y prácticamente ningún dato actualizado.

En la línea del análisis de recursos y fuentes de apoyo, el OED también realizará un informe sobre “La sostenibilidad del tercer sector social de la discapacidad. Alternativas de financiación de los apoyos, servicios y estructuras”.

De igual modo, el estudio de áreas relacionadas con las políticas públicas y de investigación sobre discapacidad cobrará importancia con un informe sobre “La discapacidad en la agenda de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en España”.

Mujeres y niñas con discapacidad y el alumnado con discapacidad son población de interés muy relevante en discapacidad, sobre los que tratarán dos estudios específicos: “Las mujeres y niñas con discapacidad en el medio rural en España” y “Alumnado con discapacidad y educación inclusiva en España (I fase)”.

Los estudios de ámbito extremeño, además del apartado específico del Informe Olivenza 2018, son por un lado, “Análisis cuantitativo y cualitativo de la realidad de las mujeres con discapacidad en Extremadura”, al hilo de la elaboración del Plan de Acción sobre mujer y discapacidad y por otro, “Análisis epidemiológico de la situación de las personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta en Extremadura«.

Foto-Comisin-OED-2018 Programa de estudios e investigaciones del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) para el año 2018

En la fotografía de izquierda a derecha: Dª Elena Jariod Salinero, Jefa de Servicio del Área de Programas y Actividades del Real Patronato sobre Discapacidad; Dª María Teresa Fernández Campillo, Consejera Técnica del Real Patronato sobre Discapacidad; D. Ciro Pérez Giraldo, Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura; D. Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del CERMI; D. Borja Fanjul Fernández-Pita, Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. Director del Real Patronato sobre Discapacidad; Dña. Pilar Villarino, Directora Ejecutiva del CERMI; D. Miguel Simón, Adjunto a Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD); D. Luis Mª González Méndez, Director de Alta Inspección de Educación, Subdelegación del Gobierno de Badajoz. y Dª. María Gutiérrez Ilarduya, Coordinadora de Área de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.

 

Informes de ámbito estatal elaborados en 2017 por el Observatorio Estatal de la Discapacidad

Entre los objetivos del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) está el promover y sensibilizar sobre los derechos de las personas con discapacidad además de fomentar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal. Con el propósito de responder a este objetivo, el OED ha elaborado durante 2017, como parte de su programa de actividades, tres informes relacionados con estos aspectos.

El primero de ellos es el Informe Olivenza 2017 sobre la situación general de la discapacidad en España. Se trata de un estudio panorámico sobre situación de la población con discapacidad en España y de manera específica el estado de la inclusión social de la población con discapacidad en la región de Extremadura, realizado a partir de fuentes de información fundamentalmente documentales, legislativas, y estadísticas.

Y comprende los siguientes capítulos:

  • Cambios en el marco normativo de la discapacidad. Consiste en un análisis legislativo estatal en 20162017: con referencia a los avances en leyes relacionadas con discapacidad, en el ámbito internacional, estatal y autonómico, con especial referencia a avances en armonización con CDPD.
  • Gasto público en discapacidad en España. Trata de la estimación de gasto en discapacidad en España 2016: a partir del documento elaborado por el OED en 2014, denominado “Gasto público de las administraciones públicas en materia de discapacidad en España”, utilizando como fuente la información oficial sobre presupuestos generales del estado y CCAA.
  • Personas con discapacidad en España. Se realiza un análisis cuantitativo a partir de bases de datos y fuentes estadísticas, con especial atención a fuentes no utilizadas hasta el momento (EUROSTAT, Encuesta Social Europea, Encuesta Europea de Salud, Registros de Valoración Autonómicos, Registros estatales de Discapacidad, Dependencia, SIUSS).
  • Mercado laboral y discapacidad en España. Para dar continuidad a los informes de años anteriores, se ha enfocado en la actualización y evolución de los distintos indicadores analizados, aportando una visión detallada sobre el colectivo. Es una parte del informe que ha realizado ODISMET sobre el mercado de trabajo.
  • Discapacidad y uso de TIC. Este capítulo realizado por Fundación VODAFONE trata sobre nuevas tecnologías en una población con edades a partir de los 16 años, con algún tipo de discapacidad auditiva, visual, física o cognitiva.
  • Situación de la discapacidad en Extremadura. Informe específico sobre población con discapacidad en Extremadura: que albergará de forma específica información sobre la región, extraída de los apartados indicados.

El estudio sobre la realidad, situación, dimensión y tendencias del empleo con apoyo en España en el horizonte del año 2020 tiene como objetivo de este estudio es analizar la evolución del empleo con apoyo en España ofreciendo datos sobre su dimensión y tendencias.

El acceso al empleo de las personas con discapacidad es un factor clave para la inclusión social. En este sentido es primordial contar con mecanismos que faciliten el acceso al empleo, con las medidas de apoyo que resulten eficaces. En España el empleo con apoyo, como método de inserción laboral, ha supuesto una herramienta fundamental en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad, aunque su grado de desarrollo es irregular.

En el informe se hace un análisis del papel de la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE) y de otras entidades junto con una revisión bibliográfica de la normativa y una consulta a entidades que realizan Empleo con Apoyo en España.

La encuesta realizada nos ofrece entre otros resultados lo siguiente:

  • Existe una experiencia acumulada en el desarrollo de programas y servicios de EcA de buena parte de las entidades encuestadas, el 58% inicio este servicio antes del 2005 lo que supone más de 10 años de trayectoria en este ámbito.
  • Se trata por tanto de organizaciones consolidadas, con larga experiencia y en su gran mayoría adscritas a una o varias redes de colaboración. Mayoritariamente, el perfil al que se dedican es a población con discapacidad intelectual, de manera especializada.
  • La estructura de los servicios es pequeña o mediana, con la mayoría de profesionales de los servicios dedicados a la preparación laboral, en condiciones altas de estabilidad laboral, e intensidad de jornada. Son organizaciones de alta dependencia de la financiación pública.
  • Una buena parte de las entidades cuenta con entre 3 y 5 profesionales dedicado exclusivamente al servicio de EcA. La figura más relevante en este servicio es la del preparador laboral. En promedio, cada entidad cuenta con 3 preparadores laborales en la plantilla.
  • Durante 2016 las entidades encuestadas han atendido un total de 2.988 personas, de las que el 40,1% eran mujeres. Los datos según perfil de discapacidad, las personas atendidas presentan discapacidad intelectual (73,4%). Respecto a la edad, el 29% de las personas es menor de 25 años. Casi mil personas se encuentran trabajando, de las que 285 han sido contratadas a lo largo del año 2016. En estos ejemplos el perfil de edad, sexo y situación de discapacidad son similares respecto al total de personas atendidas.
  • Los datos sobre las modalidades de contrato firmados en 2016, apuntan que la modalidad mayoritaria es la de contrato temporal de personas con discapacidad que suponen casi la mitad de los contratos suscritos mientras que sólo el 11,6% corresponden a contratos indefinidos.
  • El presupuesto promedio del servicio EcA en 2016 de las entidades encuestadas, se sitúa en 119.006,33 euros, siendo el máximo 326.488,23 euros y el mínimo 11.704,41 €. Las vías de financiación con más incidencia en el servicio son: la financiación pública autonómica que representa en promedio el 37,9% de la financiación, la de otras administraciones públicas (incluyendo los fondos europeos) el 37,0% y la de las obras sociales, fundaciones y otras entidades no lucrativas que suponen en promedio el 28,8% de la financiación total del servicio.
  • Una parte importante de las entidades encuestadas reconoce el crecimiento del Empleo con Apoyo en términos de personas atendidas en insertadas, sin embargo considera que la financiación ha sido insuficiente.
  • La falta legislación que facilite esta modalidad de manera más clara y decisiva.

Informe sobre la medición comparativa del impacto socioeconómico y presupuestario de la asistencia personal frente a otras prestaciones tradicionales de atención a las situaciones de dependencia ha sido otro de los estudios que se han realizado durante 2017. El objetivo de este documento ha sido analizar el servicio asistencia personal en términos de impacto económico comparando este servicio con otros soportes que se ofrecen en el marco de atención a la dependencia. Además de las cuestiones económicas se pretende ofrecer un análisis del valor no monetario que aporta tanto la asistencia personal como otros apoyos.

Estructurado en dos apartados, se aborda por un lado la definición de la asistencia personal; por otro, a partir de la información disponible, se dibuja un mapa del servicio de asistencia personal en España intentando recoger información sobre el gasto público que supone este servicio así como el perfil de personas usuarias del mismo. También se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre métodos de medición de impacto y su aplicación en el sector de la dependencia, a partir de esta revisión y otras consideraciones relacionadas con la Asistencia personal, se hace una propuesta de medición de impacto de este servicio.

En el segundo apartado se sistematizan los resultados del mapa dibujado en la primera parte del documento y se estima el impacto económico de la Asistencia Personal en España. Los resultados de este estudio indican, más allá de los datos que demuestran la viabilidad financiera de la AP, la escasa implantación del servicio. Por tanto, conviene reflexionar sobre la necesidad de potenciar la Asistencia Personal como un servicio que favorece la inclusión de las personas con discapacidad en el entorno comunitario además de reconocer su derecho a vivir de acuerdo con sus preferencias.

El Informe sobre la articulación del movimiento social de mujeres con discapacidad en España: génesis y desarrollo trata de una investigación sobre la articulación del movimiento social de mujeres con discapacidad en España en el que se analizan las demandas iniciales materializadas en documentos de reivindicación como, por ejemplo, el primer manifiesto de las Mujeres con discapacidad de Europa, elaborado por el Comité de Mujeres del Foro Europeo de la Discapacidad en el año 2007. Se pone énfasis en el impacto producido por la IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Mujer celebrada en Beijing en el año 1995 y el posterior desarrollo de Planes de diversa índole que en nuestro país han tratado de dar respuesta a las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad.

El documento, además, realiza un recorrido histórico de la consolidación de instancias dedicadas a la igualdad de género en el seno de las organizaciones más representativas de las personas con discapacidad en España, así como del surgimiento de organizaciones específicas de mujeres con discapacidad y su desigual y compleja inserción en el marco del movimiento general de mujeres.

Junto con estos informes, el OED ha publicado el Informe general sobre grado de accesibilidad de los entornos, productos y servicios a 4 de diciembre de 2017. Correspondencia entre los mandatos legales y la realidad práctica del país, elaborado por Ilunion Tecnología y Accesibilidad y en el que se realiza un diagnóstico valorativo sobre el estado de accesibilidad en los entornos, productos y servicios más significativos incluidos en el artículo 5 de la Ley General de Discapacidad en el que establece el 4 de diciembre de 2017 como plazo máximo para que los diferentes entornos, productos y servicios sean accesibles para todas las personas.

El informe constata el avance normativo en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país, que ha significado un factor de transformación en los diferentes ámbitos, sobre todo edificación, urbanismo y transporte. A pesar de las mejoras en accesibilidad realizadas en las últimas décadas, siguen existiendo barreras significativas en diferentes ámbitos y subsectores, además de, con frecuencia, una aplicación parcial de la accesibilidad.

Por otra parte, se encuentra el informe: personas con discapacidad y discriminación múltiple en España: situación y propuestas, donde se analizan los distintos factores que influyen para que las personas con discapacidad sufran situaciones de discriminación múltiple (el género, la edad, el hábitat, el origen étnico), y se ofrece una batería de propuestas que permitan orientar distintas actuaciones que garanticen los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Entre estas propuestas está la de incluir la discapacidad como factor de discriminación que debe ser afrontado en los planes y políticas públicas de lucha contra la discriminación, de la misma manera que deben incluirse de manera sistemática otras formas de discriminación que intersectan frecuentemente con la discapacidad en las políticas y planes de acción contra la discriminación por discapacidad.

Por último se ha realizado el estudio sobre Las personas con discapacidad residentes en el Medio Rural: situación y propuestas de acción, tiene como objetivo contribuir al análisis de la realidad de las personas con discapacidad que residen en entornos rurales. Este análisis trata de detectar aquellos aspectos que facilitan y/o suponen una barrera para la inclusión social.

En España, prácticamente un millón de personas con discapacidad reside en el Medio Rural, es decir una cuarta parte de la población con discapacidad. La distribución por género y edad indica una población más envejecida que en el medio urbano, y con una mayoría de mujeres. Las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, Cantabria y La Rioja presentan una tasa de ruralidad superior a la media Española.

Junto con la escasez de transporte público, la falta de accesibilidad, el escaso acceso y uso de internet y las TIC en la población con discapacidad en el Medio Rural, el informe detecta distintos factores de riesgo, o barreras para la inclusión social como son una oferta limitada de los recursos, un riesgo considerablemente mayor de pobreza, una menor estabilidad laboral, mayores barreras en educación y formación y las mujeres con discapacidad en el Medio Rural enfrentan dificultades extraordinarias para la inclusión social, derivadas de una mayor invisibilidad y estereotipos de género.

Salario medio anual de la población con y sin discapacidad, 2010-2015

El Instituto Nacional de Estadística publica de forma anual la estadística sobre el salario de las personas con discapacidad cuyo objetivo es conocer la distribución de los salarios de los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad oficialmente reconocida y lo hace en términos comparativos con las personas asalariadas sin discapacidad.

De acuerdo con esta operación estadística El Salario de las personas con discapacidad (INE, 2017), en 2015 el salario medio anual bruto de los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad fue de 19.569,6 euros en 2015, un 2,9% más que en el año anterior. Esta cifra fue un 15,7% menor que la de las personas sin discapacidad (23.208,0 euros).

oed17b Salario medio anual de la población con y sin discapacidad, 2010-2015

 

Al comparar este salario con años anteriores, se observa una brecha notable entre los salarios de las personas con discapacidad y los aquellas sin discapacidad que desde 2010 viene aumentando de forma progresiva pasando del 10% al 15,7% en 2015.

Para una mejor comprensión de la situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral, estos datos deben considerarse junto con aquellos relacionados con la actividad laboral que pueden consultarse en el apartado de “Breves” de este Observatorio donde ofrecemos información clave, en formato condensado, sobre los principales rasgos de la población con discapacidad y sus familias.

Informe general sobre grado de accesibilidad de los entornos, productos y servicios a 4 de diciembre de 2017. Correspondencia entre los mandatos legales y la realidad práctica del país.

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (también conocido como Ley General de Discapacidad), establece un plazo máximo en el 4 de diciembre de 2017 para que los diferentes entornos, productos y servicios sean accesibles para todas las personas.

El requerimiento de accesibilidad comprende los entornos arquitectónicos, las telecomunicaciones, la sociedad digital, transportes, las relaciones con las Administraciones, bienes y servicios a disposición del público, etc. El estudio, iniciativa de CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), promovido por el Real Patronato sobre Discapacidad y realizado por Ilunion Tecnología y Accesibilidad, tiene por objetivo realizar un diagnóstico valorativo sobre el grado de accesibilidad de los diferentes ámbitos comprendidos por la Ley, en la fecha prevista que obliga a su cumplimiento y a partir de las fuentes secundarias disponibles.

Entre las conclusiones de carácter general, se constata un avance normativo en nuestro país en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que ha significado un factor de transformación en los diferentes ámbitos, sobre todo edificación, urbanismo y transporte. A pesar de las mejoras en accesibilidad realizadas en las últimas décadas, siguen existiendo barreras significativas en diferentes ámbitos y subsectores, además de, con frecuencia, una aplicación parcial de la accesibilidad.

Descargar Informe GRADO ACCESIBILIDAD ENTORNO OED

Las personas con discapacidad residentes en el Medio Rural: situación y propuestas de acción

El OED ha elaborado un informe sobre las personas con discapacidad residentes en el medio rural que tiene como objetivo contribuir al análisis de la realidad de las personas con discapacidad que residen en entornos rurales. Se trata de detectar aquellos aspectos que facilitan y/o suponen una barrera para alcanzar una vida autónoma en inclusión social.

A partir de este análisis se ofrecen una serie de propuestas de acción que permitan, por un lado, abordar los desafíos detectados y por otro, potenciar aquellas cuestiones que facilitan el desarrollo vital de las personas con discapacidad en el entorno rural, con el fin último de facilitar el acierto en la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas para la mejora en las condiciones de vida de este colectivo.

Descargar Informe sobre las personas con discapacidad en el medio rural

Personas con discapacidad y discriminación múltiple en España: situación y propuestas

Buena parte de las personas con discapacidad en España afrontan situaciones discriminatorias que limitan su derecho a una vida plena. Existen factores añadidos que aumentan esta discriminación. Así, el género, la edad, el hábitat, el origen étnico junto con la discapacidad multiplican la vulnerabilidad y la restricción de opciones de las personas con discapacidad.

En este informe se analizan los distintos factores que influyen para que las personas con discapacidad sufran situaciones de discriminación múltiple, y se ofrece una batería de propuestas que permitan orientar distintas actuaciones que garanticen los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Con ello, el Observatorio Estatal de la Discapacidad pretende contribuir al cumplimiento del objetivo operativo 1 (Combatir la discriminación múltiple y erradicar toda forma de discriminación) del eje estratégico C-1 (Igualdad para todas las personas) del Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad 2014-2020.

Descargar Informe sobre personas con discapacidad y discriminación múltiple en España

Las personas con discapacidad con restricción del derecho a voto en España.

En el Día Internacional Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y ante la proximidad citas electorales autonómicas y locales, el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) edita un informe especial que invita a reflexionar sobre la situación de especial vulnerabilidad de muchas personas con discapacidad ante la participación en elecciones, mediante el ejercicio del derecho de voto.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones, lo que incluye el derecho al voto. Sin embargo, el artículo 3 de la Ley 5/1985, de 19 de julio, del Régimen Electoral General, señala que los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme quedarán privados del derecho de sufragio, siempre que la sentencia declare expresamente la incapacidad para su ejercicio.

De acuerdo con la información facilitada por la Junta Electoral Central, el número de personas que en las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016 han estado privadas de su derecho al voto mediante sentencia judicial ha ascendido a 98.488. De éstas, el 53% son mujeres.

OED NOTA SUFRAGIO 2017

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