Reconocer y poner en valor la voz de las mujeres con discapacidad
Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Observatorio Estatal de la Discapacidad se suma al lema establecido por Naciones Unidas para reivindicar una sociedad en la que se reconozca y se ponga en valor la voz de las mujeres: “mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”. En concreto, reivindicamos que las mujeres con discapacidad estén presentes y lideren todos aquellos ámbitos que forman parte de su trayectoria vital. Es necesario, tal como exigen las mujeres con discapacidad, garantizar un acceso equitativo a los servicios de salud; implementar políticas públicas de empleo que tengan presente la igualdad de las mujeres por razón de género y de discapacidad; que se reconozca públicamente las violaciones de derechos humanos que han sufrido en nuestro país miles de niñas y mujeres con discapacidad esterilizadas sin su consentimiento en el pasado y en el presente, y que se aprueben medidas para resarcir el daño ocasionado por estas prácticas contrarias a los derechos humanos*.
Por otra parte, es fundamental reconocer el trabajo de los cuidados y ofrecer a las familias y en especial a las mujeres (madres, esposas, hijas, hermanas…) que cuidan espacios de respiro, información, formación y apoyos para el cuidado. Así como, garantizar la prestación de apoyos, materiales y humanos, para su autonomía personal, vida independiente e inclusión comunitaria.
Este Observatorio insiste en la importancia de incorporar una perspectiva transversal de género y discapacidad en las distintas actuaciones que se llevan a cabo por parte de la Administración Pública.
*Fundación CERMI- Mujeres. Manifiesto Feminista de las Mujeres con Discapacidad: “nosotras también somos mujeres”.
El Observatorio Estatal de la Discapacidad acuerda su programa de investigaciones para el año 2021
La Comisión de Seguimiento del Protocolo general de colaboración regulador del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), reunida hoy de forma virtual, ha acordado el programa general de investigaciones y estudios sobre la realidad de la discapacidad en España para el año 2021.
En la dimensión estatal, el elenco de estudios sociales incluye el Informe Olivenza 2020-2021 sobre la situación general de las personas con discapacidad en España, principal producto del OED, que retrata anualmente el estado de la discapacidad en nuestro país y su evolución.
Otra de las investigaciones aprobadas para 2021 es la relativa al suicidio en las personas con discapacidad en España, un fenómeno social de primera magnitud insuficientemente analizado, que necesita conocerse con el mayor detalle para poder abordarlo con políticas públicas adecuadas.
También el OED llevará a cabo una evaluación final del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española sobre la Discapacidad, que culminaba en 2020, y realizará un análisis multidimensional de los recursos públicos destinados a la discapacidad: evolución y estrategia de futuro, con especial atención a los procesos de transformación digital y su impacto en el tercer sector.
La dimensión estatal de los estudios del OED para 2021 se cierra con uno sobre la trata de mujeres y niñas con discapacidad con fines de explotación sexual en España, una realidad delincuencial casi invisible, sobre la que apenas existe información documentada.
En la dimensión extremeña, el programa de estudios comprende el Informe Olivenza 2021, referido al ámbito específico de esta Comunidad Autónoma, y una investigación, pionera, sobre la asistencia personal en Extremadura, situación y propuestas para su extensión como prestación más inclusiva.
En la reunión de la Comisión de Seguimiento del OED han participado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través del Real Patronato sobre Discapacidad y la Dirección General de Políticas de Discapacidad; la Junta de Extremadura, por medio del SEPAD; la Universidad de Extremadura; la Delegación del Gobierno de España en Extremadura y el Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad (CERMI).
Reconstruir mejor: hacia un mundo inclusivo, accesible y sostenible después del COVID-19 por, para y con las personas con discapacidad
Se estima que en España residen 4,12 millones de personas con discapacidad, esto supone aproximadamente el 9% de la población total en España. En términos generales, las personas con discapacidad afrontan en mayor medida distintas situaciones discriminatorias que las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se ve multiplicada al añadirse factores tales como el género, la edad, el hábitat o el origen étnico. Todas estas desigualdades se incrementan en situaciones de crisis, la pandemia de COVID-19 lo demuestra.
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este observatorio alerta sobre las distintas situaciones que afrontan las personas con discapacidad debidas a la crisis sanitaria y que aumentan su vulnerabilidad.
En el ámbito de la salud. La pandemia y las medidas aplicadas han supuesto:
- La existencia de protocolos que excluían de la atención hospitalaria a personas con discapacidad y/o de edad avanzada.
- Que los centros residenciales estuvieran, en los primeros momentos del estado de alarma, en una situación crítica debido a la falta de equipos de protección (EPIS), la falta de test para las personas usuarias y profesionales y la falta de capacidad para atender los síntomas.
- La suspensión de procesos de rehabilitación durante el confinamiento y una vuelta parcial ante el temor de las personas con discapacidad y sus familias por el riesgo de contagio.
- Al 58% se le han anulado o aplazado tratamientos y citas médicas especializada (ODISMET,2020).
En el ámbito de la accesibilidad. Las barreras se han incrementado de forma notable:
- Barreras en el acceso a la información: en un primer momento, las comunicaciones públicas no tuvieron interpretación, esto supuso que las personas sordas y sordociegas se quedaran sin acceso a información básica.
- Las personas ciegas también han sufrido esta falta de información porque las indicaciones para prevenir y protegerse del virus se hacen, en su mayoría, a través de señales visuales. La falta de información en lectura fácil y/o pictogramas también ha perjudicado a las personas con discapacidad intelectual.
La educación inclusiva y la falta de profesorado de apoyo.
- La suspensión de clases presenciales afectó en mayor medida a los niños y niñas con discapacidad que a niños y niñas sin discapacidad. Según la Fundación FOESSA, en el 17% de los hogares se observó que el rendimiento escolar de hijos e hijas disminuyó por no contar con apoyos (FOESSA, 2020).
Impacto económico. Algunos datos significativos:
- El 80% de las entidades dedicadas a la atención de las personas con discapacidad han tenido que reducir significativamente su actividad. Un 35% ha incrementado sus gastos y el 81% ha visto reducido sus ingresos (Fundación SERES, 2020).
- PREDIF calcula que entre su incremento de gastos (3.919.926,57€) y su reducción de ingresos (3.977.951,42), el impacto de la Covid-19 será de casi 8 millones de euros.
- Más del 45% de las entidades que se dedican a la Inserción social, la Discapacidad o la Salud tienen dificultades para desarrollar su labor, e incluso un 17% afirma que no puede llevarla a cabo (Fundación SERES, 2020).
- Un 43% de familias de personas con discapacidad intelectual se ha visto “bastante” o “muy afectado” económicamente por la crisis de la COVID-19. Un 30% indica que han aumentado sus gastos familiares, 40% el caso de hogares monoparentales. 1 de cada 8 se encuentra en una situación económica preocupante (Plena Inclusión, 2020).
Todos estos datos justifican que desde las administraciones públicas se garantice que las personas con discapacidad formen parte activa de la reconstrucción social y económica del país, tal como exige hoy el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en su manifiesto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
La Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios muestra la escasa presencia de estudiantes con discapacidad en este nivel educativo
- Los datos que ofrece la última Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios pone de relieve la muy escasa presencia de estudiantes con discapacidad dentro del alumnado en este nivel educativo.
- Es preciso revisar los itinerarios y las barreras que existen en las etapas educativas anteriores para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios (EILU) correspondiente al año 2019. Según esta Encuesta, en el curso académico 2013-2014, el número de titulados universitarios con discapacidad en España fue de 2.346 personas (1.028 hombres y 1.318 mujeres), esto suponía apenas el 1% del total de personas graduadas de ese curso.
El 89% de titulados universitarios con discapacidad estudiaron en universidades públicas y el 11% en privadas. En el caso de los graduados universitarios sin discapacidad estos porcentajes son del 84 y 16% respectivamente.
De acuerdo con la EILU, los graduados universitarios con discapacidad del curso 2013-2014 presentaban a finales del año 2019 una tasa de actividad del 83,1%, 10 puntos menos que los graduados universitarios sin discapacidad. La tasa de empleo era del 75,4% (10 puntos menos que los graduados universitarios sin discapacidad) y la tasa de paro cinco años después de titularse era del 9.2% (un punto más que los graduados universitarios sin discapacidad).
Una de cada tres personas con discapacidad, está en riesgo de pobreza y/o exclusión, según la EAPN
Este miércoles 14 de octubre se presentó el estudio “El estado de la pobreza, 10º Informe AROPE. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2019” elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). Desde 2018, la EAPN-ES incluye en estos informes anuales un capítulo sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Esta nota breve tiene como propósito destacar los datos más relevantes de este 10º Informe AROPE, relacionados con este aspecto.
La principal conclusión de este informe referida a la discapacidad es que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad. Esto no es una cuestión coyuntural, como indica el informe, sino que muestra una situación de riesgo de pobreza estructural. Los datos de 2019 indican que la tasa AROPE de las personas con discapacidad es de 32,5%, esto es, una de cada tres personas con discapacidad, está en riesgo de pobreza y/o exclusión, la cifra más elevada de la década. Los datos de esta tasa en las personas sin discapacidad es de 22,5% (diez puntos porcentuales menos).
Dictamen del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la violación al derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down en España
Siguiendo las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la publicación y difusión del Dictamen (comunicación nº 41/2017) relacionado con la violación al derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down en España, este Observatorio difunde la nota de prensa del Comité del 21 de septiembre de 2020, así como el Dictamen completo para su descarga.
Nota de prensa del Comité
España violó el derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down que fue enviado a un centro de educación especial por las autoridades nacionales, a pesar de las objeciones de sus padres, ha concluido el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En su primera decisión sobre el derecho a la educación inclusiva, el Comité concluyó que España no evaluó los requisitos específicos del niño ni adoptó las medidas razonables que podrían haberle permitido permanecer en la educación general. Por lo tanto, el Estado parte no cumplió con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El niño, Rubén, estaba en un colegio ordinario de León. Con el apoyo de un asistente de educación especial, mantuvo buenas relaciones con sus compañeros y maestros hasta 2009, cuando ingresó al cuarto grado a los 10 años. La situación se deterioró y surgieron graves denuncias de malos tratos y abusos por parte de su maestro.
La condición no mejoró cuando Rubén ingresó al quinto grado. Su nuevo maestro de clase no consideró que necesitaba un asistente de educación especial y solo después de que sus padres se quejaron se le permitió tener uno.
Sin embargo, Rubén comenzó a mostrar dificultades en el aprendizaje y en la vida escolar. Un informe escolar señaló lo que denominó «comportamiento perturbador», «brotes psicóticos» y «retraso en el desarrollo asociado con el síndrome de Down» de Rubén. En junio de 2011, la Dirección Provincial de Educación autorizó la inscripción de Rubén en un centro de educación especial ante las objeciones de sus padres.
Los padres de Rubén denunciaron los abusos que sufrió ante las autoridades judiciales internas, pero no se realizó una investigación efectiva. Sus padres también desafiaron sin éxito la decisión de la autoridad educativa de inscribirlo en un centro de educación especial. Además, las autoridades presentaron cargos penales contra los padres por negarse a enviar a su hijo a una escuela especializada.
Rubén y su padre finalmente llevaron su caso al Comité en 2017.
Tras examinar los alegatos presentados por ambas partes, el Comité concluyó que España violó el derecho de Rubén a la educación inclusiva.
«No parece que las autoridades del Estado parte hayan llevado a cabo una evaluación exhaustiva o un estudio en profundidad y detallado de sus necesidades educativas y las adaptaciones razonables que habría requerido para poder seguir asistiendo a una escuela ordinaria», dijo el miembro del Comité Markus Schefer.
El Comité solicitó que España garantice que Rubén, que actualmente se encuentra en un centro privado de educación especial para estudiantes con necesidades especiales, sea admitido en un programa de formación profesional inclusiva; que se le indemnice y que se investiguen efectivamente sus denuncias de abusos.
Entre otras recomendaciones, el Comité también instó a España a eliminar cualquier segregación educativa de los estudiantes con discapacidad tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias, y a garantizar que los padres de estudiantes con discapacidad no sean procesados por reclamar el derecho de sus hijos a una educación inclusiva.
Dictamen completo para su descarga
Fuente: Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Proteger a las personas con discapacidad frente a la crisis de la COVID-19
Se estima que en España residen 4,12 millones de personas con discapacidad, esto supone aproximadamente el 9% de la población total en España. En términos generales, las personas con discapacidad afrontan en mayor medida distintas situaciones discriminatorias que las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se ve multiplicada al añadirse factores tales como el género, la edad, el hábitat o el origen étnico.
El último Informe Olivenza (2019) ofrece datos relevantes sobre estas situaciones de discriminación:
- El 6,2% de las personas con discapacidad se encuentra en situación de pobreza severa y un 17,3% en situación de pobreza moderada. Estos porcentajes son de 5,4% y de 15,2% en la población sin discapacidad.
- El riesgo de pobreza o exclusión social afecta al 31,1% de las personas con discapacidad, 7 puntos más que la población sin discapacidad.
- El salario medio anual de las personas con discapacidad es casi 4.000 euros anuales inferior a la población sin discapacidad. La brecha salarial entre hombres y mujeres con discapacidad es del 15,9%, es decir, las mujeres con discapacidad tienen un salario inferior respecto a los varones con discapacidad en un 15,9%.
- Empleo: El 34,5% de las personas con discapacidad oficialmente reconocida eran activos, 43 puntos inferior a la de la población sin discapacidad. La tasa de paro se sitúo en 25,2%, 10 puntos más alta que la población sin discapacidad.
- El 16,3% de las personas con discapacidad tiene relaciones de amistad precarias, es decir, cuenta con pocas oportunidades para hacer o mantener amigos. Este porcentaje es del 11,2% en las personas sin discapacidad.
- Solo el 10,1% de las personas con discapacidad puede disfrutar sin dificultades de actividades de ocio. Este porcentaje se reduce hasta el 7,5% en las mujeres con discapacidad.
- El 4% de las personas con discapacidad ha sufrido malos tratos físicos o psicológicos. Este porcentaje es del 6,1% en las mujeres con discapacidad.
Todas estas desigualdades se incrementan en situaciones de crisis. La pandemia de COVID-19 lo demuestra. António Guterres, Secretario General de la ONU, ha denunciado esta situación y ha declarado que «debemos garantizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad al acceso a los cuidados sanitarios y a los procedimientos que les salven la vida«. Ha urgido también a los Gobiernos a que las personas con discapacidad estén en el centro de la respuesta al COVID-19 y en los esfuerzos de recuperación.
¿Igualdad de género para 2030? Las barreras que afrontan las mujeres y niñas con discapacidad
Para este 8 de marzo, el Observatorio Estatal de la Discapacidad insiste en la importancia de incorporar una perspectiva transversal de género y discapacidad en las distintas actuaciones que se llevan a cabo por parte de la Administración Pública.
Por otra parte, es fundamental empoderar a las mujeres y niñas con discapacidad, velar por el cumplimiento de sus derechos; que se reconozca y promueva su voz en los asuntos que las conciernen. Es prioritario también reconocer el trabajo de los cuidados y ofrecer a las familias y en especial a las mujeres (madres, esposas, hijas, hermanas…) que cuidan espacios de respiro, información, formación y apoyos para el cuidado.