El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) programa 7 estudios e investigaciones para el año 2019
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) ha programado 7 estudios e investigaciones para el año 2019. La programación del ejercicio de 2019 contará con 5 estudios en el ámbito estatal y dos en el ámbito extremeño.
Como en año anteriores el OED desarrollará el denominado: “Informe Olivenza 2019”. Este documento tiene como objetivo conocer la situación de la población con discapacidad en España. El estudio se realiza a partir de fuentes legislativas y estadísticas disponibles. Además, incluirá una parte propia del estado de la inclusión social de la población con discapacidad en Extremadura.
Con el fin de continuar con los estudios realizados en 2018, el OED completará el análisis de la educación inclusiva en España, con el documento: “La situación de la inclusión educativa del alumnado con discapacidad en España (II fase)”. Con este trabajo se analizaran las evidencias empíricas, cuantitativas y cualitativas, disponibles sobre la educación de las personas con discapacidad en España.
Aplicando la perspectiva de género el OED contempla un estudio sobre mujer con discapacidad en situaciones de cronicidad. Este estudio se denomina: “Mujer con discapacidad y enfermedades crónicas-género, discapacidad y cronicidad”. Además, la especial situación de niños y niñas con discapacidad se recogerá en una investigación sobre: “La violencia contra la infancia con discapacidad en España”.
Siguiendo los preceptos normativos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, es preciso que se realicen de manera periódica y sistemática análisis en materia de accesibilidad. Con este objetivo, el informe “Requerimientos de accesibilidad universal y diseño para personas de talla baja. Propuestas normativas, modelos prescriptivos y prácticas recomendables” recogerá los requerimientos de accesibilidad universal y diseño para las personas de talla baja. Además este estudio contará con propuestas normativas y modelos prescriptivos.
En la dimensión extremeña, además de la sección específica del Informe Olivenza 2019, se pondrá especial interés en las personas con trastorno mental grave, con un informe denominado “Alternativas de atención en el envejecimiento de las personas con trastorno mental grave” en el que se recogerán las demandas de atención de este colectivo en el proceso de envejecimiento.
Las mujeres y niñas con discapacidad en el medio rural en España
El objetivo del estudio ha sido aportar información útil sobre las características y necesidades que tienen las mujeres con discapacidad que residen en el medio rural en España, con el fin diagnosticar una realidad que ayude al diseño de políticas públicas de género y discapacidad a nivel estatal, en último término que contribuya a mejorar los mecanismos de inclusión social y la concienciación de la población en su conjunto.
Para cubrir la finalidad del estudio se consideraron tres técnicas para recoger la información primaria: 1) Taller diagnóstico con mujeres con discapacidad; y 2) Entrevistas estructuradas. Una vez definida la muestra y las técnicas, se ha llevado a cabo una segunda fase de trabajo de campo.
En este informe se ponen de manifiesto las opiniones de las mujeres con discapacidad en relación con su percepción sobre la calidad de vida en el medio rural, a su vida cotidiana – domestica, reproductiva y productiva- en los pueblos, a los sentimientos o situaciones de discriminación vividas. Se describen a los elementos que limitan la accesibilidad, disponibilidad y control a los recursos; así como las necesidades expresadas, que pasan por el concepto de empoderamiento, así como garantizar la accesibilidad universal.
El documento finaliza con un capítulo de conclusiones y propuestas que parten de los factores necesarios para el empoderamiento de las mujeres con discapacidad en el medio rural.
La situación de la población reclusa con discapacidad en España
Este trabajo se inscribe en la línea de las investigaciones que pretenden aportar una mirada crítica y a la vez propositiva sobre la situación de las personas con discapacidad, concretamente de aquellas que se encuentran afectadas por el sistema penal-penitenciario.
El ingreso en prisión puede ser entendido en ocasiones, como el resultado de un fracaso colectivo de los dispositivos de prevención, y esto debe ser tenido en cuenta por todos los actores sociales, ya que la mejor política de seguridad es una buena política social que favorezca la integración y la normalización de las personas con discapacidad en sus entornos comunitarios. Esta es una tarea que corresponde principalmente a las instituciones públicas, pero también a las instituciones privadas.
El documento contiene información sobre la situación y las necesidades de las personas con discapacidad en el medio penitenciario y constituye una actualización del primer estudio realizado sobre esta población en el año 2008. Se presenta información actualizada sobre las principales características de la población con discapacidad que a lo largo de su vida se ha visto afectada por el sistema penal penitenciario, así como sobre las características, debilidades y fortalezas de las redes y sistemas de apoyo disponibles en el medio penitenciario.
El informe contiene una serie de propuestas de mejora para la atención a las personas con discapacidad afectadas por el régimen penal-penitenciario.
Casi cuatro millones de personas con discapacidad votarán en 2019
Desde que se promulgó La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) se ha reformado una veintena de veces. Sin embargo, en relación con las personas con discapacidad la última modificación es de especial importancia.
La reforma entró en vigor el 6 de diciembre de 2018 bajo el título: Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. En el preámbulo se reconoce que el Estado español garantiza el Derecho de igualdad de trato y no discriminación para todos los ciudadanos con discapacidad establecido en el artículo 14 de la Constitución.
Antes de la reforma, la LOREG, establecía en su artículo tercero, apartado 1 b y c que “los declarados incapacidades en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio, carecen de derecho a sufragio” Además de “los internados en un hospital psiquiátrico (…), durante el periodo que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”.
Por su parte, la Junta Electoral Central, el 11 de marzo de 2019, emitió la Instrucción 5/2019 en relación con las personas con discapacidad, ante la necesidad de clarificar los extremos del apartado 2 del artículo 3 de la LOREG en el que se reconoce que el Derecho al Sufragio debe ejercerse de “forma consciente, libre y voluntaria”.
La Instrucción afirma que “las Mesas Electorales deberán admitir el voto de cualquier persona con aparente discapacidad que se encuentre inscrita en el censo electoral correspondiente” y que “las personas con alguna discapacidad podrán valerse de alguien que les acompañe o de algún medio material para trasladar los sobres electorales a los miembros de la Mesa Electoral” (JEC, 2018). Así mismo declara: “en el supuesto de que algún miembro de una Mesa Electoral, o alguno de los interventores (…) considere que el voto de una persona con discapacidad no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de sesión, pero no se impedirá que dicho voto sea introducido en la urna” (JEC, 2018).
Con posterioridad a esta Instrucción, la Junta Electoral Central modificó algunas de las expresiones que se recogían en la Instrucción anterior con el objeto de procurar una mejor aplicación de la finalidad y el espíritu previsto por el Legislador. El 18 de marzo de 2019 publicó la Instrucción 7/2019 en el que se modificaba el inicio del artículo segundo de la Instrucción anterior y se expresó que: “las Mesas Electorales deberán admitir el voto de cualquier persona que se encuentre inscrita en el censo electoral correspondiente a dicha Mesa”. De la misma forma, eliminó el supuesto de la discapacidad en la consideración por los Miembros de la Mesa Electoral y de los Interventores de que el voto no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria.
El CERMI estima el total de personas con discapacidad que después de la reforma pueden ejercer su voto en 100.000. La Junta Electoral, por su parte, reconocía en 2016, que la privación del voto afectaba en mayor medida a las mujeres con discapacidad. El porcentaje de mujeres privadas de su derecho a voto era del 53%.
En las siguientes convocatorias electorales el total de personas con discapacidad que podrán ejercer el Derecho de Sufragio es de casi tres millones setecientas mil personas. De este total, las mujeres suponen más de la mitad (2.244.344). La población de personas entre 68 y 84 años (1.502.999) es la más numerosa de las que podrán ejercer su derecho al voto, en términos de edad.
Construyamos con las mujeres con discapacidad
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresaba, en su preámbulo, la preocupación por la “difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de (…) sexo [sic.]” (ONU, 2006). Esta premisa pone en el foco a las mujeres con discapacidad que constantemente se encuentran en situaciones de múltiples discriminaciones.
Este informe tiene como propósito, a partir de los estudios elaborados por el OED, presentar de forma breve algunos datos sobre la posición de las mujeres con discapacidad en España, con ánimo de concienciar sobre las situaciones en las que las mujeres con discapacidad se encuentran con múltiples discriminaciones.
Las personas con discapacidad en el ámbito laboral
Con motivo del día internacional del trabajo, el OED presenta el siguiente informe breve sobre la situación laboral de las personas con discapacidad. Los datos que aquí se presentan son datos tomados del capítulo 4 del Informe Olivenza 2017. De acuerdo con este Informe, en 2015 en España 1.774.800 personas con discapacidad se encontraban en edad laboral (16 a 64 años). El 57,69% de estas personas son varones y un 42,31% mujeres. Y el 69,55% están en el grupo de edad de 45 a 64 años.
Al considerar la situación de las personas con discapacidad en relación al empleo, destaca siempre las bajas tasas de actividad de éstas y la distancia respecto a las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se agudiza en el caso de las mujeres con discapacidad que presentan, en todas las variables relacionadas con empleo, las peores cifras (actividad, empleo, desempleo) no sólo respecto a los varones con discapacidad sino también respecto a las personas sin discapacidad en edad laboral.
Los datos de que ofrece el Informe Olivenza ilustran bien esta situación. Así, la tasa de actividad de las personas con discapacidad es 44 puntos inferior que la de las personas sin discapacidad; la tasa de paro es casi 10 puntos mayor y la del empleo casi 3 veces menor que la de las personas sin discapacidad. En otros términos, casi un millón doscientas mil personas con discapacidad son inactivas y solo una de cada cuatro personas con discapacidad tiene empleo.
Descargar NOTA OED EMPLEO PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Informes elaborados en 2017 por el Observatorio Estatal de la Discapacidad
Uno de los objetivos del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es promover y sensibilizar sobre los derechos de las personas con discapacidad además de fomentar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal. Con el propósito de responder a este objetivo, el OED ha elaborado durante 2017, como parte de su programa de actividades, tres informes relacionados con estos aspectos.
El primero titulado: Las personas con discapacidad residentes en el Medio Rural: situación y propuestas de acción, tiene como objetivo contribuir al análisis de la realidad de las personas con discapacidad que residen en entornos rurales. Este análisis trata de detectar aquellos aspectos que facilitan y/o suponen una barrera para la inclusión social.
Por otra parte, se encuentra el informe: Personas con discapacidad y discriminación múltiple en España: situación y propuestas, donde se analizan los distintos factores que influyen para que las personas con discapacidad sufran situaciones de discriminación múltiple (el género, la edad, el hábitat, el origen étnico), y se ofrece una batería de propuestas que permitan orientar distintas actuaciones que garanticen los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Entre estas propuestas está la de incluir la discapacidad como factor de discriminación que debe ser afrontado en los planes y políticas públicas de lucha contra la discriminación, de la misma manera que deben incluirse de manera sistemática otras formas de discriminación que intersectan frecuentemente con la discapacidad en las políticas y planes de acción contra la discriminación por discapacidad.
Junto con estos dos informes, el OED ha publicado el Informe general sobre grado de accesibilidad de los entornos, productos y servicios a 4 de diciembre de 2017. Correspondencia entre los mandatos legales y la realidad práctica del país, elaborado por Ilunion Tecnología y Accesibilidad y en el que se realiza un diagnóstico valorativo sobre el estado de accesibilidad en los entornos, productos y servicios más significativos incluidos en el artículo 5 de la Ley General de Discapacidad en el que establece el 4 de diciembre de 2017 como plazo máximo para que los diferentes entornos, productos y servicios sean accesibles para todas las personas.
Programa de estudios e investigaciones del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) para el año 2018
El 29 de enero se ha celebrado la reunión de la Comisión de Seguimiento del Observatorio Estatal de la Discapacidad y en la misma se ha aprobado la programación de estudios para 2018. Dicha agenda contempla ocho estudios, seis de ellos de ámbito estatal y dos de ámbito extremeño.
El primero de los estudios de ámbito estatal es el denominado “Informe Olivenza 2018”, estudio general sobre situación de la población con discapacidad en España, realizado a partir de fuentes de información fundamentalmente legislativas y estadísticas. Como en años anteriores, dicho informe contará con una parte específica del estado de la inclusión social de la población con discapacidad en Extremadura.
El OED realizará este año un estudio sobre “La situación de la población reclusa con discapacidad en España” población con grandes necesidades de apoyo y alto riesgo de exclusión, pero sobre la que existen pocas referencias de investigación, y prácticamente ningún dato actualizado.
En la línea del análisis de recursos y fuentes de apoyo, el OED también realizará un informe sobre “La sostenibilidad del tercer sector social de la discapacidad. Alternativas de financiación de los apoyos, servicios y estructuras”.
De igual modo, el estudio de áreas relacionadas con las políticas públicas y de investigación sobre discapacidad cobrará importancia con un informe sobre “La discapacidad en la agenda de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en España”.
Mujeres y niñas con discapacidad y el alumnado con discapacidad son población de interés muy relevante en discapacidad, sobre los que tratarán dos estudios específicos: “Las mujeres y niñas con discapacidad en el medio rural en España” y “Alumnado con discapacidad y educación inclusiva en España (I fase)”.
Los estudios de ámbito extremeño, además del apartado específico del Informe Olivenza 2018, son por un lado, “Análisis cuantitativo y cualitativo de la realidad de las mujeres con discapacidad en Extremadura”, al hilo de la elaboración del Plan de Acción sobre mujer y discapacidad y por otro, “Análisis epidemiológico de la situación de las personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta en Extremadura«.
En la fotografía de izquierda a derecha: Dª Elena Jariod Salinero, Jefa de Servicio del Área de Programas y Actividades del Real Patronato sobre Discapacidad; Dª María Teresa Fernández Campillo, Consejera Técnica del Real Patronato sobre Discapacidad; D. Ciro Pérez Giraldo, Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura; D. Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del CERMI; D. Borja Fanjul Fernández-Pita, Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. Director del Real Patronato sobre Discapacidad; Dña. Pilar Villarino, Directora Ejecutiva del CERMI; D. Miguel Simón, Adjunto a Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD); D. Luis Mª González Méndez, Director de Alta Inspección de Educación, Subdelegación del Gobierno de Badajoz. y Dª. María Gutiérrez Ilarduya, Coordinadora de Área de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
Informes de ámbito estatal elaborados en 2017 por el Observatorio Estatal de la Discapacidad
Entre los objetivos del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) está el promover y sensibilizar sobre los derechos de las personas con discapacidad además de fomentar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal. Con el propósito de responder a este objetivo, el OED ha elaborado durante 2017, como parte de su programa de actividades, tres informes relacionados con estos aspectos.
El primero de ellos es el Informe Olivenza 2017 sobre la situación general de la discapacidad en España. Se trata de un estudio panorámico sobre situación de la población con discapacidad en España y de manera específica el estado de la inclusión social de la población con discapacidad en la región de Extremadura, realizado a partir de fuentes de información fundamentalmente documentales, legislativas, y estadísticas.
Y comprende los siguientes capítulos:
- Cambios en el marco normativo de la discapacidad. Consiste en un análisis legislativo estatal en 2016‐2017: con referencia a los avances en leyes relacionadas con discapacidad, en el ámbito internacional, estatal y autonómico, con especial referencia a avances en armonización con CDPD.
- Gasto público en discapacidad en España. Trata de la estimación de gasto en discapacidad en España 2016: a partir del documento elaborado por el OED en 2014, denominado “Gasto público de las administraciones públicas en materia de discapacidad en España”, utilizando como fuente la información oficial sobre presupuestos generales del estado y CCAA.
- Personas con discapacidad en España. Se realiza un análisis cuantitativo a partir de bases de datos y fuentes estadísticas, con especial atención a fuentes no utilizadas hasta el momento (EUROSTAT, Encuesta Social Europea, Encuesta Europea de Salud, Registros de Valoración Autonómicos, Registros estatales de Discapacidad, Dependencia, SIUSS).
- Mercado laboral y discapacidad en España. Para dar continuidad a los informes de años anteriores, se ha enfocado en la actualización y evolución de los distintos indicadores analizados, aportando una visión detallada sobre el colectivo. Es una parte del informe que ha realizado ODISMET sobre el mercado de trabajo.
- Discapacidad y uso de TIC. Este capítulo realizado por Fundación VODAFONE trata sobre nuevas tecnologías en una población con edades a partir de los 16 años, con algún tipo de discapacidad auditiva, visual, física o cognitiva.
- Situación de la discapacidad en Extremadura. Informe específico sobre población con discapacidad en Extremadura: que albergará de forma específica información sobre la región, extraída de los apartados indicados.
El estudio sobre la realidad, situación, dimensión y tendencias del empleo con apoyo en España en el horizonte del año 2020 tiene como objetivo de este estudio es analizar la evolución del empleo con apoyo en España ofreciendo datos sobre su dimensión y tendencias.
El acceso al empleo de las personas con discapacidad es un factor clave para la inclusión social. En este sentido es primordial contar con mecanismos que faciliten el acceso al empleo, con las medidas de apoyo que resulten eficaces. En España el empleo con apoyo, como método de inserción laboral, ha supuesto una herramienta fundamental en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad, aunque su grado de desarrollo es irregular.
En el informe se hace un análisis del papel de la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE) y de otras entidades junto con una revisión bibliográfica de la normativa y una consulta a entidades que realizan Empleo con Apoyo en España.
La encuesta realizada nos ofrece entre otros resultados lo siguiente:
- Existe una experiencia acumulada en el desarrollo de programas y servicios de EcA de buena parte de las entidades encuestadas, el 58% inicio este servicio antes del 2005 lo que supone más de 10 años de trayectoria en este ámbito.
- Se trata por tanto de organizaciones consolidadas, con larga experiencia y en su gran mayoría adscritas a una o varias redes de colaboración. Mayoritariamente, el perfil al que se dedican es a población con discapacidad intelectual, de manera especializada.
- La estructura de los servicios es pequeña o mediana, con la mayoría de profesionales de los servicios dedicados a la preparación laboral, en condiciones altas de estabilidad laboral, e intensidad de jornada. Son organizaciones de alta dependencia de la financiación pública.
- Una buena parte de las entidades cuenta con entre 3 y 5 profesionales dedicado exclusivamente al servicio de EcA. La figura más relevante en este servicio es la del preparador laboral. En promedio, cada entidad cuenta con 3 preparadores laborales en la plantilla.
- Durante 2016 las entidades encuestadas han atendido un total de 2.988 personas, de las que el 40,1% eran mujeres. Los datos según perfil de discapacidad, las personas atendidas presentan discapacidad intelectual (73,4%). Respecto a la edad, el 29% de las personas es menor de 25 años. Casi mil personas se encuentran trabajando, de las que 285 han sido contratadas a lo largo del año 2016. En estos ejemplos el perfil de edad, sexo y situación de discapacidad son similares respecto al total de personas atendidas.
- Los datos sobre las modalidades de contrato firmados en 2016, apuntan que la modalidad mayoritaria es la de contrato temporal de personas con discapacidad que suponen casi la mitad de los contratos suscritos mientras que sólo el 11,6% corresponden a contratos indefinidos.
- El presupuesto promedio del servicio EcA en 2016 de las entidades encuestadas, se sitúa en 119.006,33 euros, siendo el máximo 326.488,23 euros y el mínimo 11.704,41 €. Las vías de financiación con más incidencia en el servicio son: la financiación pública autonómica que representa en promedio el 37,9% de la financiación, la de otras administraciones públicas (incluyendo los fondos europeos) el 37,0% y la de las obras sociales, fundaciones y otras entidades no lucrativas que suponen en promedio el 28,8% de la financiación total del servicio.
- Una parte importante de las entidades encuestadas reconoce el crecimiento del Empleo con Apoyo en términos de personas atendidas en insertadas, sin embargo considera que la financiación ha sido insuficiente.
- La falta legislación que facilite esta modalidad de manera más clara y decisiva.
Informe sobre la medición comparativa del impacto socioeconómico y presupuestario de la asistencia personal frente a otras prestaciones tradicionales de atención a las situaciones de dependencia ha sido otro de los estudios que se han realizado durante 2017. El objetivo de este documento ha sido analizar el servicio asistencia personal en términos de impacto económico comparando este servicio con otros soportes que se ofrecen en el marco de atención a la dependencia. Además de las cuestiones económicas se pretende ofrecer un análisis del valor no monetario que aporta tanto la asistencia personal como otros apoyos.
Estructurado en dos apartados, se aborda por un lado la definición de la asistencia personal; por otro, a partir de la información disponible, se dibuja un mapa del servicio de asistencia personal en España intentando recoger información sobre el gasto público que supone este servicio así como el perfil de personas usuarias del mismo. También se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre métodos de medición de impacto y su aplicación en el sector de la dependencia, a partir de esta revisión y otras consideraciones relacionadas con la Asistencia personal, se hace una propuesta de medición de impacto de este servicio.
En el segundo apartado se sistematizan los resultados del mapa dibujado en la primera parte del documento y se estima el impacto económico de la Asistencia Personal en España. Los resultados de este estudio indican, más allá de los datos que demuestran la viabilidad financiera de la AP, la escasa implantación del servicio. Por tanto, conviene reflexionar sobre la necesidad de potenciar la Asistencia Personal como un servicio que favorece la inclusión de las personas con discapacidad en el entorno comunitario además de reconocer su derecho a vivir de acuerdo con sus preferencias.
El Informe sobre la articulación del movimiento social de mujeres con discapacidad en España: génesis y desarrollo trata de una investigación sobre la articulación del movimiento social de mujeres con discapacidad en España en el que se analizan las demandas iniciales materializadas en documentos de reivindicación como, por ejemplo, el primer manifiesto de las Mujeres con discapacidad de Europa, elaborado por el Comité de Mujeres del Foro Europeo de la Discapacidad en el año 2007. Se pone énfasis en el impacto producido por la IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Mujer celebrada en Beijing en el año 1995 y el posterior desarrollo de Planes de diversa índole que en nuestro país han tratado de dar respuesta a las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad.
El documento, además, realiza un recorrido histórico de la consolidación de instancias dedicadas a la igualdad de género en el seno de las organizaciones más representativas de las personas con discapacidad en España, así como del surgimiento de organizaciones específicas de mujeres con discapacidad y su desigual y compleja inserción en el marco del movimiento general de mujeres.
Junto con estos informes, el OED ha publicado el Informe general sobre grado de accesibilidad de los entornos, productos y servicios a 4 de diciembre de 2017. Correspondencia entre los mandatos legales y la realidad práctica del país, elaborado por Ilunion Tecnología y Accesibilidad y en el que se realiza un diagnóstico valorativo sobre el estado de accesibilidad en los entornos, productos y servicios más significativos incluidos en el artículo 5 de la Ley General de Discapacidad en el que establece el 4 de diciembre de 2017 como plazo máximo para que los diferentes entornos, productos y servicios sean accesibles para todas las personas.
El informe constata el avance normativo en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país, que ha significado un factor de transformación en los diferentes ámbitos, sobre todo edificación, urbanismo y transporte. A pesar de las mejoras en accesibilidad realizadas en las últimas décadas, siguen existiendo barreras significativas en diferentes ámbitos y subsectores, además de, con frecuencia, una aplicación parcial de la accesibilidad.
Por otra parte, se encuentra el informe: personas con discapacidad y discriminación múltiple en España: situación y propuestas, donde se analizan los distintos factores que influyen para que las personas con discapacidad sufran situaciones de discriminación múltiple (el género, la edad, el hábitat, el origen étnico), y se ofrece una batería de propuestas que permitan orientar distintas actuaciones que garanticen los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Entre estas propuestas está la de incluir la discapacidad como factor de discriminación que debe ser afrontado en los planes y políticas públicas de lucha contra la discriminación, de la misma manera que deben incluirse de manera sistemática otras formas de discriminación que intersectan frecuentemente con la discapacidad en las políticas y planes de acción contra la discriminación por discapacidad.
Por último se ha realizado el estudio sobre Las personas con discapacidad residentes en el Medio Rural: situación y propuestas de acción, tiene como objetivo contribuir al análisis de la realidad de las personas con discapacidad que residen en entornos rurales. Este análisis trata de detectar aquellos aspectos que facilitan y/o suponen una barrera para la inclusión social.
En España, prácticamente un millón de personas con discapacidad reside en el Medio Rural, es decir una cuarta parte de la población con discapacidad. La distribución por género y edad indica una población más envejecida que en el medio urbano, y con una mayoría de mujeres. Las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, Cantabria y La Rioja presentan una tasa de ruralidad superior a la media Española.
Junto con la escasez de transporte público, la falta de accesibilidad, el escaso acceso y uso de internet y las TIC en la población con discapacidad en el Medio Rural, el informe detecta distintos factores de riesgo, o barreras para la inclusión social como son una oferta limitada de los recursos, un riesgo considerablemente mayor de pobreza, una menor estabilidad laboral, mayores barreras en educación y formación y las mujeres con discapacidad en el Medio Rural enfrentan dificultades extraordinarias para la inclusión social, derivadas de una mayor invisibilidad y estereotipos de género.
Las personas con discapacidad con restricción del derecho a voto en España.
En el Día Internacional Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y ante la proximidad citas electorales autonómicas y locales, el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) edita un informe especial que invita a reflexionar sobre la situación de especial vulnerabilidad de muchas personas con discapacidad ante la participación en elecciones, mediante el ejercicio del derecho de voto.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones, lo que incluye el derecho al voto. Sin embargo, el artículo 3 de la Ley 5/1985, de 19 de julio, del Régimen Electoral General, señala que los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme quedarán privados del derecho de sufragio, siempre que la sentencia declare expresamente la incapacidad para su ejercicio.
De acuerdo con la información facilitada por la Junta Electoral Central, el número de personas que en las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016 han estado privadas de su derecho al voto mediante sentencia judicial ha ascendido a 98.488. De éstas, el 53% son mujeres.