El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es un instrumento técnico que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y Real Patronato sobre Discapacidad), y la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAD, ponen al servicio de las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad.

Durante 2016 se han elaborado los siguientes trabajos de ámbito estatal:

 

Informe Olivenza 2016, sobre la situación y evolución de la discapacidad en España:

El Informe Olivenza 2016, sobre la situación y evolución de la discapacidad en España, ha abordado los siguientes contenidos:

-       Cambios en el marco normativo de la discapacidad.

-       Medición estadística, análisis demográfico e inclusión social de la discapacidad a partir de diversas fuentes y siguiendo el Sistema de Indicadores desarrollado por el propio OED.

-       Mercado laboral y discapacidad, con el apoyo de ODISMET.

-       Gasto de las Administraciones públicas en discapacidad.

-       Discapacidad y uso de TIC, con el apoyo de la Fundación VODAFONE.

-       Población con discapacidad en Extremadura: demografía, inclusión y uso de TICs.

 2006-2016: 10 años de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Balance de su aplicación en España:

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 en sede de la Asamblea General de Naciones Unidas. Fue firmada por España el 30 de marzo de 2007 y ratificada el 23 de noviembre de 2007, y publicada en el BOE de 21 de abril de 2008. Entró en vigor en España el 3 de mayo de 2008. Han pasado diez años desde su aprobación y ocho desde su entrada en vigor, momento en el que se edita este informe, que recoge los avances realizados en la normativa actual, así como los retos aún pendientes en su aplicación, en concreto en relación con: toma de conciencia, igualdad, capacidad jurídica, educación inclusiva, derechos reproductivos, vida independiente y participación política.

Estudio sobre impacto de género y accesibilidad:

La accesibilidad entendida como el acceso de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el resto de la población al entorno físico, al transporte a las TIC y otras instalaciones y servicios ha sido abordada como una dimensión neutra, cuando en realidad se trata de un elemento fundamental en el ejercicio de los derechos humanos que tiene una clara pertinencia de género. En este trabajo se ofrece una reflexión crítica acerca de la accesibilidad, a partir de una revisión de los principales mandatos jurídicos emanados del derecho internacional de los derechos humanos, fundamentalmente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 y en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979.

Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020. Informe sobre aplicación de la primera fase del Plan (2014-2016):

La estrategia española sobre Discapacidad 2012-2020 es la expresión contextualizada al ámbito español de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020. Toma como referente los diferentes instrumentos normativos y declarativos de los organismos internacionales y europeos en pro del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, además del marco jurídico español. La puesta en marcha de la Estrategia se concreta en un documento denominado Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020 PAEED) que ha de aplicarse en dos fases: La primera fase ocupa los años 2014 a 2016 y la segunda el periodo de 2017 a 2020. En este documento se presentan los resultados de aplicación de la primera fase del PAEED.

Informe sobre las barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad o personas mayores para el acceso a la información de las sociedades cotizadas y para el ejercicio de su derecho de voto en las mismas:

Tomar la decisión de comprar o vender acciones de una sociedad participada es necesario disponer de la información necesaria que pueda afectar al precio de la acción, por tanto es fundamental que el inversor conozca tanto la información financiera como no financiera para valorar la compañía y decidir si quiere asumir el riesgo de invertir o no en ella. Para disponer de esa información es imprescindible una comunicación accesible para todos los accionistas, independientemente de las circunstancias y los dispositivos involucrados a la hora de acceder a la información. En este informe se plantean las necesidades y recomendaciones de accesibilidad indispensables para ejercer los derechos con igualdad de oportunidades y sin discriminación.