El Observatorio Estatal de la Discapacidad tiene entre sus fines aportar a la sociedad estudios y conocimientos que conlleven la aplicación práctica de estrategias públicas en pro de una mayor visibilización social de las necesidades de las personas con discapacidad, que, además, impliquen progresos importantes de reconocimiento de derechos, especialmente los referidos a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España en 2008.

Este estudio sobre la “Situación de las Personas con  capacidad intelectual límite”, representa un paso más en la finalidad de conocer la realidad social de un colectivo de personas con discapacidad, en este caso atendiendo las necesidades de un grupo que suele encontrarse en situación fronteriza, “en tierra de nadie”, según las mismas organizaciones defensoras y promotoras de sus derechos.

 

Los resultados cuantitativos nos han permitido estimar en 60.000 las personas con capacidad intelectual en España, con un patrón de género de aproximadamente 3 varones por cada 2 mujeres, con una situación laboral precaria, siendo muy baja aún su participación en el mercado de trabajo (16,1%).

Los diagnósticos imprecisos, la ausencia de atención temprana, el arrastre de dificultades sin apoyos pertinentes a lo largo del ciclo vital, la dificultad del reconocimiento de derechos y recursos por no cumplir el requisito mínimo del 33% (Certificado de Discapacidad) y las insuficientes oportunidades laborales, son parte de los factores limitadores del proceso de autonomía, vida independiente, y de una mejor inclusión social de las personas con capacidad intelectual límite. Las diferencias de género también se visualizan en determinadas situaciones de impacto social y roles aprendidos.

Las personas con capacidad intelectual límite precisan un tipo de apoyos muy específicos para desarrollar una vida autónoma e independiente. Estos apoyos se caracterizan fundamentalmente por un carácter puntual, estratégico y permanentemente revisable.

La estrategia de trabajar con las personas en su entorno natural, en la misma comunidad, con apoyos pertinentes, se expresa como una alternativa de inclusión social para las personas con capacidad intelectual límite, donde debe primar la coordinación de los diferentes actores y la complementariedad de servicios y recursos.

Por último, entre las  propuestas para mejorar la situación de las personas con capacidad intelectual límite, están:

  • Avances científicos sobre la capacidad intelectual límite.
  • Cambios y ajustes de la normativa actual, con especial énfasis en el acceso al empleo.
  • Políticas Sociales inclusivas (Educación y Empleo)
  • Servicios Sociosanitarios con respuestas específicas.
  • Apoyos naturales y participación activa en la Comunidad.
  • Planificación centrada en la persona, con un enfoque de calidad de vida.

Puede descargar el texto completo de este estudio aquí.