El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (también conocido como Ley General de Discapacidad), establece un plazo máximo en el 4 de diciembre de 2017 para que los diferentes entornos, productos y servicios sean accesibles para todas las personas.

El requerimiento de accesibilidad comprende los entornos arquitectónicos, las telecomunicaciones, la sociedad digital, transportes, las relaciones con las Administraciones, bienes y servicios a disposición del público, etc. El estudio, iniciativa de CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), promovido por el Real Patronato sobre Discapacidad y realizado por Ilunion Tecnología y Accesibilidad, tiene por objetivo realizar un diagnóstico valorativo sobre el grado de accesibilidad de los diferentes ámbitos comprendidos por la Ley, en la fecha prevista que obliga a su cumplimiento y a partir de las fuentes secundarias disponibles.

Entre las conclusiones de carácter general, se constata un avance normativo en nuestro país en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que ha significado un factor de transformación en los diferentes ámbitos, sobre todo edificación, urbanismo y transporte. A pesar de las mejoras en accesibilidad realizadas en las últimas décadas, siguen existiendo barreras significativas en diferentes ámbitos y subsectores, además de, con frecuencia, una aplicación parcial de la accesibilidad.