Documentos realizados por el OED

En esta sección, le ofrecemos estudios, informes y otros documentos elaborados por el propio OED, sobre la situación general de las personas con discapacidad y sus familias, así como sus necesidades, sus demandas y las tendencias de futuro en España.

 

Modelos integrados de atención a la discapacidad

Uno de los ámbitos de intervención en los que la participación de los sectores social y sanitario resulta sinérgica es en el de la atención a las personas con discapacidad.

Desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Comunidad Autónoma de Extremadura se han desarrollado planes y proyectos de intervención dirigidos a las personas con discapacidad, que tienen como base:

  • La definición de un modelo integrado de atención que contempla servicios y prestaciones desde los diferentes sectores (educativos, sanitarios y sociales, principalmente).
  • El desarrollo de servicios más o menos especializados en cada sector, según su nivel competencial.
  • La puesta en marcha de mecanismos de coordinación y trasvase de información entre los distintos prestadores de servicios.

El desarrollo de estas actuaciones debe ir acompañado de una puesta al día y un conocimiento de las mejores prácticas que se llevan a cabo en el conjunto de las comunidades autónomas y en el análisis de la viabilidad de la aplicación de las mismas en nuestra región, que oriente y refuerce los proyectos actualmente en curso y sirva para promover la implementación de modelos de atención integrada y la sinergia de los ámbitos sanitario y social desde el análisis de experiencias y la transferencia del conocimiento resultante a los principales actores del sector.

Y en ese contexto, la elaboración de este documento técnico sobre modelos integrados de atención a la discapacidad tiene los siguientes objetivos:

  • Proporcionar información relativa a las experiencias de atención integrada existentes en España en materia de discapacidad.
  • Analizar dichas experiencias desde el punto de vista de su aplicación práctica y su valor añadido a las políticas públicas.
  • Realizar una propuesta de diseño de herramientas que aporten al sistema y a los profesionales, soluciones para favorecer la integración de los modelos sociales y sanitarios.

Distribución territorial de las personas que han estado privadas de su derecho al voto en España

Gráfico. Personas que, en las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016, han estado privadas de su derecho al voto  en España

El artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones, lo que incluye el derecho al voto. Sin embargo, el artículo 3 de la Ley 5/1985, de 19 de julio, del Régimen Electoral General, señala que los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme quedarán privados del derecho de sufragio, siempre que la sentencia declare expresamente la incapacidad para su ejercicio.

De acuerdo con la información facilitada al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) por la Junta Electoral Central, el número de personas que, en las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016, han estado privadas de su derecho al voto mediante sentencia judicial ha ascendido a 98.488. De éstas el 53% son mujeres y un 47% varones.

Al considerar la edad, se observa que el 60,9% de las personas que han estado privadas de su derecho al voto mediante sentencia judicial son menores de 65 años (60.003 personas).

La distribución territorial de esta población en términos de tasas por mil habitantes, muestra que las tasas más altas de personas privadas de su derecho al voto por motivo de discapacidad se encuentran en Castilla y León (4,60), Navarra (4,28) y La Rioja (4,17).

El 7 de noviembre de 2017 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea de Madrid que busca modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y garantizar así el derecho a voto a todas las personas con discapacidad. La proposición defiende la supresión de los apartados ‘b’ y ‘c’ de esta Ley Orgánica que establecen que carecen de derecho de sufragio: “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio” y “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio“, respectivamente.

El 22 de febrero de 2018 el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclamó en el Congreso de los Diputados que se otorgue sin dilación este derecho de sufragio, activo y pasivo a las personas que no lo tienen reconocido por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo. En este sentido, la propuesta del CERMI es la de que se debata y apruebe esta reforma de la LOREG de manera "separada" del resto de cuestiones que se están abordando para modificar el régimen electoral.

Agilizar esta reforma permitiría cumplir por un lado con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por otro, avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho.

Ahora es el momento. También para las mujeres con discapacidad

Naciones Unidas celebra el Día Internacional de la Mujer bajo el lema “Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres”. También es el momento de las mujeres con discapacidad. Este informe tiene como propósito, a partir de los estudios elaborados por el OED, presentar con brevedad algunas de las cuestiones que afectan la vida de las mujeres con discapacidad con el ánimo de concienciar sobre sus derechos humanos y las reiteradas situaciones de discriminación a las que se ven sometidas. En España, de acuerdo con la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008), la población con discapacidad residente en hogares se situaba en 3,85 millones. Casi el 60% eran mujeres (2.30 millones de mujeres con discapacidad).

En el Informe Olivenza, que edita el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) de forma anual, se analiza siempre la situación de las mujeres con discapacidad. Se apuntan aquí algunos de los datos del último número de este informe que ilustra la situación de estas mujeres:

  • El 15,7% de las mujeres con discapacidad se encuentra en situación de pobreza extrema.
  • El riesgo de pobreza afecta al 32,7% de las mujeres con discapacidad, 5 puntos más que la población sin discapacidad.
  • El 2,7% de las mujeres con discapacidad es analfabeta mientras que el porcentaje de varones con discapacidad analfabeto es del 2,9% y el porcentaje de la población sin discapacidad es de 0,4%.
  • Un 19,3% de mujeres con discapacidad cuenta con estudios superiores mientras que este porcentaje es de 33,9% en la población sin discapacidad.
  • Al considerar la situación de las personas con discapacidad en relación al empleo, destaca siempre las bajas tasas de actividad de éstas y la distancia respecto a las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se agudiza en el caso de las mujeres con discapacidad que presentan en todas las variables con empleo las peores cifras (actividad, empleo, desempleo) no sólo respecto a los varones con discapacidad sino también respecto a las personas sin discapacidad en edad laboral. En 2016, la tasa de actividad de las mujeres se situaba en 35,2%, casi 43 puntos menos que las población sin discapacidad. La tasa de paro de las mujeres con discapacidad es de 29,3% casi 10 puntos superior a la de la población sin discapacidad.
  • El salario medio de las mujeres con discapacidad es casi 6.000 euros anuales inferior a la población sin discapacidad.
  • En las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016 el número de personas que han estado privadas de su derecho al voto mediante sentencia judicial ha ascendido a 98.488. De éstas el 53% son mujeres.
  • El 13,7% de las mujeres con discapacidad se ha sentido discriminada por su situación de discapacidad.
  • Solo un 7,5% de las mujeres con discapacidad puede disfrutar de actividades de ocio.

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