Documentos realizados por el OED

En esta sección, le ofrecemos estudios, informes y otros documentos elaborados por el propio OED, sobre la situación general de las personas con discapacidad y sus familias, así como sus necesidades, sus demandas y las tendencias de futuro en España.

 

Acceso y uso de Internet en la población con discapacidad. Informe especial del OED en el Día Mundial de Internet

El Informe Olivenza en su edición de 2016 dedica un capítulo para analizar el uso de las tecnologías TIC entre las personas con algún tipo de discapacidad. En este capítulo, elaborado en colaboración con la Fundación Vodafone, se estudia, entre otras cuestiones, el uso de Internet de las personas con discapacidad. En el contexto del Día Mundial de Internet, rescatamos algunos de los datos relevantes sobre esta cuestión. 

A pesar de ser una herramienta de uso cotidiano en la actualidad, siete de cada diez personas con discapacidad en España reconocen no utilizar Internet. Este dato refuerza la idea de que las TIC, sin las adaptaciones correspondientes, pueden constituir una fuente de exclusión social para las personas con discapacidad. La edad y el nivel de estudios se convierten en variables fundamentales para explicar el uso frecuente de internet en esta población.

Informe Olivenza 2016

El Informe Olivenza 2016, sobre la situación y evolución de la discapacidad en España, ha abordado los siguientes contenidos:

- Cambios en el marco normativo de la discapacidad.

- Medición estadística, análisis demográfico e inclusión social de la discapacidad a partir de diversas fuentes y siguiendo el Sistema de Indicadores desarrollado por el propio OED.

- Mercado laboral y discapacidad, con el apoyo de ODISMET.

- Gasto de las Administraciones públicas en discapacidad.

- Discapacidad y uso de TIC, con el apoyo de la Fundación VODAFONE.

- Población con discapacidad en Extremadura: demografía, inclusión y uso de TICs.

En el capítulo 2, se presentan los principales cambios en el marco normativo en relación con la discapacidad en el último año. En el capítulo 3, se actualizan los datos fundamentales sobre inclusión social de la población con discapacidad a partir de las fuentes estadísticas disponibles.

El capítulo 4, referido a “Mercado de Trabajo y Discapacidad en España” ha sido elaborado en colaboración con ODISMET, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE. ODISMET es una iniciativa de Fundación ONCE cofinanciado por el Fondo Social Europeo y gestionado por FSC Inserta, cuya finalidad es la de convertirse en el referente de consulta sobre todo lo relacionado con el binomio discapacidad y mercado de trabajo. 

En el capítulo 5 se ofrecen los resultados de aplicación del modelo para la medición del gasto social propuesto en el Informe Olivenza 2014, destinado a medir el esfuerzo de las administraciones públicas españolas en materia de personas con discapacidad.

En el capítulo 6, referido a “Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, se estudia la penetración de las tecnologías TIC entre el colectivo de personas con algún tipo de discapacidad. Este capítulo ha sido elaborado en colaboración con la Fundación Vodafone.

Y en el capítulo 7 se realiza un análisis de la población con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tanto desde una perspectiva demográfica, como desde su inclusión social, con especial atención al uso de TIC.

 

2006-2016: 10 años de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Balance de su aplicación en España

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 en sede de la Asamblea General de Naciones Unidas. Fue firmada por España el 30 de marzo de 2007 y ratificada el 23 de noviembre de 2007, y publicada en el BOE de 21 de abril de 2008. Entró en vigor en España el 3 de mayo de 2008. Han pasado diez años desde su aprobación y ocho desde su entrada en vigor, y lejos de haberse convertido en el baluarte e impulsor de la igualdad, no discriminación y autonomía desde el modelo de derechos humanos que propugna, la Convención es aún un texto ajeno y lejano a la mayoría de los operadores jurídicos, tanto públicos como privados y en todos los ámbitos territoriales.

 

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